Un falso Rockefeller, “fisuras” violentos y asesinos sueltos
En la Argentina el homicidio simple prescribe a los 12 años y el calificado, a los 15: esto favorece la impunidad. Si hay un crimen impune, hay un asesino suelto. Y si eso pasa, no hay una Justicia justa.
Ni se llamaba Clark ni era un Rockefeller. Pero adjudicarse el apellido de una de las dinastías más poderosas de los Estados Unidos le abrió muchas puertas y le permitió, entre otras cosas, casarse con una acaudalada ejecutiva. Hasta que, gracias a las sospechas de la mujer, salió a la luz una compleja trama de engaños, mentiras e identidades falsas que el alemán Christian Karl Gerhartsreiter, tal su verdadero nombre, había puesto en marcha desde su llegada a suelo estadounidense en 1979.
En medio de sus andanzas, el hombre logró granjearse la confianza de un matrimonio de buena posición de Los Ángeles, John y Linda Sohus, que le permitieron vivir en una casa alquilada, propiedad de la madre de Sohus. Pero en 1985, los Sohus desaparecieron. El inquilino dejó el lugar, mutó personalidades y terminó convertido en Clark Rockefeller. En 1994, nueve años después de la desaparición, cuando los nuevos dueños de la vivienda cavaban el terreno para hacer una pileta de natación, encontraron, descuartizado, el cuerpo de John. Si Gerhartsreiter hubiera vivido en la Argentina, nunca hubiera ido a la cárcel: por aquí el homicidio simple prescribe a los 12 años y el calificado, a los 15. Lo están sufriendo en carne propia los familiares de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984, a los 16 años, cuyos restos fueron hallados de manera casual — y con estremecedoras similitudes con el caso de John Sohus — cuando se hacían refacciones en la medianera de la casa donde vivía y vive un ex compañero de colegio de Diego.
El crimen prescribió; hay una legislación que favorece la impunidad. Si un crimen queda impune, un asesino sigue suelto. Y si eso pasa, la Justicia no es una Justicia justa.
La brasileña María Vilma das Dores Cascalho, de 69 años, alternaba su tiempo entre Goiania y Buenos Aires, donde acompañaba a su hija Carolina, estudiante de Medicina en la UBA. Diez días atrás Vilma caminaba por la avenida Corrientes, en la zona del shopping Abasto, cuando de la nada, un hombre la empujó y la tiró al suelo. Al cabo de una agonía de varias horas, la mujer murió, producto del golpe en la cabeza al caer.
El hombre de 30 años que le quitó la vida tenía antecedentes, penales y psiquiátricos. Detenido por diferentes delitos, había sido internado en el sector psiquiátrico de distintos hospitales. Del Borda ya se había escapado; allí volvió después de la agresión a María Vilma. Los vecinos de la zona aseguran que en los últimos años se multiplicó la cantidad de gente que deambula con afecciones mentales y adicciones. “Fisuras”, los bautizaron.
El Relevamiento del estado psicológico de la población argentina, hecho por el Observatorio de Psicología Aplicada de la UBA, reveló que, en 2024, el 8,7% de los participantes presentaron riesgo de padecer un trastorno mental; lo que impacta es que en 2020 eran el 4,9%. El 26,07% informó que recibe tratamiento psicológico. Entre los que no, el 55,32% consideró necesitarlo: el 39,7 % dice que no puede pagarlo, y el resto argumenta que las obras sociales o prepagas no lo cubren o que no encuentran un servicio gratuito. El caso de María Vilma reavivó el debate sobre la Ley de Salud Mental, que especialistas y familiares de pacientes vienen pidiendo reformar desde hace años: la norma limita las intervenciones involuntarias. Especialistas sostienen que ata de pies y manos a funcionarios policiales, judiciales y psiquiatras.
Por más que se mire para otro lado, o que de algunas cosas no se hable, la realidad acaba por imponerse, y estalla sin previo aviso. El índice de inflación no lo resuelve todo.
Fuente: Clarin.com
